Al menos dos presentaciones judiciales apuntaron contra el ministro de Seguridad. Una de las acusaciones fue presentada por el abogado Gastón Marano, quien defiende a uno de los acusados por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner.
El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, recibió al menos dos denuncias por haber afirmado que si la oposición ganara las próximas elecciones presidenciales, habrá “calles regadas de sangre y de muertos”.
La primera acusación fue realizada en la mañana de este viernes a título personal por el abogado Gastón Marano, defensor del jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como “los Copitos”, Gabriel Carrizo, quien se encuentra detenido en el marco de la causa que investiga el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner.
“Es cierto que la libertad de expresión cuenta con protección constitucional y convencional, pero no es menos cierto que eso no habilita a la impunidad ante determinados dichos sancionados por las normas”, resumió la denuncia, de dos páginas.
El expediente quedó registrado con el número 1191/23 y fue asignado por sorteo al Juzgado Federal número nueve, actualmente subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que investiga el intento de asesinato contra Cristina Kirchner.
“Determinadas formas de discurso, como las calumnias, las injurias, o el discurso de odio, se encuentran punidos en nuestro ordenamiento. También es el caso de este tipo de frases inflamatorias, con virtualidad para poner en jaque nuestro sistema electoral y su normal funcionamiento”, subrayó el denunciante.
Marano subrayó que “las expresiones cuestionadas han sido vertidas por un funcionario público de máxima jerarquía”.
La denuncia apunta a los delitos de intimidación pública y violación de un artículo de la ley electoral.
El artículo 211 del Código Penal establece penas de dos a seis años para quien “para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común”.
En tanto, el artículo 139 de la norma electoral pena “con prisión de uno a tres años a quien (…) compeliere a un elector a votar de manera determinada”.
“Amenazar con consecuencias ominosas en caso de que un candidato en particular sea elegido no es otra cosa que compeler a los electores a votar por alguien que no sea ese candidato”, consideró el denunciante.
Republicanos Unidos también denunció al ministro
Horas después de la presentación de Marano, se conoció que dirigentes de Republicanos Unidos también denunciaron a Aníbal Fernández, ya que consideraron que sus declaraciones “infunden temor en la sociedad” y “miedo a la alternancia de poder”.
“Es claro que, nada menos que una autoridad ministro de Seguridad de la Nación, incurriendo en tales voces de alarma, infunde un temor a la sociedad sobre la posibilidad de alteraciones del orden público pasibles de derivar en graves violaciones de libertades y derechos. El ministro ha infundido un temor respecto del mismo sistema representativo y republicano de gobierno, la Democracia, en tanto busca crear miedo a la alternancia en el poder, en clara violación a principios de la Ley 25188 de Ética En El Ejercicio De La Función Publica (Art. 2°), por lo que no puede soslayarse su intención perjudicial”, consideraron José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio, José Luis Patiño, Milena Rendich, Javier Romano y Valeria Videnkina.
Para los denunciantes, es claro que “la existencia de dolo resulta indiscutible, de los dichos del ministro denunciado, dado que los mismos están encaminados a desalentar el voto de la ciudadanía hacia la oposición, mediante sus alarmantes declaraciones”. La presentación recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos.
