Lo aseguran especialistas de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe.
Destacaron la importancia de avanzar en reformas tributarias progresivas que permitan aumentar la inversión en esta materia.
En ese contexto, organizaciones y redes sociales de América Latina y El Caribe demandaron “justicia fiscal para garantizar el derecho humano a la educación”.
Especialistas de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC) resaltaron la necesidad de impulsar acciones que permitan avanzar en reformas tributarias progresivas con el objetivo de aumentar la inversión en educación.
Asimismo, subrayaron que hoy la Argentina, al igual que otros países de la región evaluados, como Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana, no cumple con el compromiso de asignar el 6% de su PBI a inversión educativa.
En el mismo contexto, los especialistas señalaron que los sistemas tributarios regresivos, la alta evasión y elusión fiscal, los privilegios fiscales a las grandes corporaciones y riquezas, la ineficiencia de las políticas públicas y la poca transparencia en la ejecución de los presupuestos destinados a la educación son algunas de las causas que explican la “crítica situación que vive el sistema” en países de la región.
“No basta recaudar bien sino que es necesario invertir adecuadamente. No se puede hablar de justicia fiscal ni de ningún tipo de justicia fuera del ecosistema de los derechos humanos, porque es ahí donde se definen los parámetros de distribución de la riqueza y de construcción de sociedades igualitarias”, sostuvo Vernor Muñoz, miembro de la Campaña Mundial por la Educación durante el foro, realizado en Santiago de Chile.
Con el encuentro, los organizadores buscaron, además, promover una campaña regional que posicione a la justicia fiscal como eje fundamental para “garantizar el derecho humano a la educación” en países de América Latina y el Caribe.
Junto con Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana, la Argentina fue uno de los países utilizados como casos de estudio.
En el foro, los especialistas indicaron que en este país solo se alcanzó en 2015 la meta de invertir el 6% del PBI en educación.
Los expositores coincidieron en que tanto la Argentina como Colombia, al ser naciones que se encuentran afectadas por “profundas desigualdades”, necesitarían invertir el 8% del PBI para “contar con las ofertas educativas, la infraestructura escolar, la conectividad, las becas para quienes lo requieran y los equipos docentes” indispensables para garantizar el derecho a la educación para todas las personas.
Según datos del Banco Mundial, el PBI de la Argentina en 2022 ascendió a 632,77 mil millones de dólares, por lo que el 8% sería de US$ 50.621,6 millones.
Finalmente, entre las propuestas regionales discutidas por los asistentes al foro también se planteó la necesidad de “contar con transparencia de la información como un elemento clave para avanzar en la justicia fiscal”.
