Jujuy llevó adelante, en los últimos ocho años, avances en la implementación de políticas para prevenir la violencia y avanzar en más derechos de las mujeres.
Se conmemora un nuevo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha estipulada por Naciones Unidas para sensibilizar sobre la temática y comprometer a gobiernos, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil en la ardua labor de erradicarla. La Provincia de Jujuy ha llevado adelante, en los últimos ocho años, avances concretos en la implementación de políticas públicas para prevenir la violencia y avanzar en más derechos de las mujeres.
En el año 2015, el Gobierno de Jujuy a través del gobernador, Gerardo Morales, tomó la decisión de institucionalizar el abordaje de las violencias a través de la creación de un organismo provincial destinado a la tarea, inaugurándose así la Secretaría de Paridad de Género que fue jerarquizada en el año 2019 a Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género con rango ministerial; institución que, con la reciente Reforma Parcial de la Constitución, fue incorporado a la Carta Magna de la Provincia de Jujuy, un hecho histórico sin precedentes en el país, y que pone en relieve el compromiso del Gobierno de Jujuy y de la sociedad jujeña con la igualdad de género.
Como medida central, desde el año 2015 se dispuso la creación de Centros de Atención Integral, conformados por profesionales de la abogacía, la psicología y el trabajo social, con el objetivo de brindar un acompañamiento y asesoramiento integral y gratuito a mujeres en situación de violencia de género. Creándose hasta la fecha un total de 19 (diecinueve) Centros de Atención que, bajo una mirada de descentralización territorial y con el objetivo de alcanzar a mujeres de toda la Provincia, brindan atención en La Quiaca, Abra Pampa, Susques, Humahuaca, Maimará, Purmamarca, San Antonio, Palpalá, El Carmen, Monterrico, Perico, Puesto Viejo, San Salvador de Jujuy (en B° Centro y en B° Alto Comedero), Santa Clara, San Pedro, Libertador Gral. San Martín, Yuto y Caimancito.
El cumplimiento de la “Ley Micaela”, que establece la capacitación obligatoria en materia de género y prevención de la violencia a agentes de los tres poderes del estado, representa otro de los ejes centrales de trabajo. Los ciclos de formación se continúan dictando de forma ininterrumpida desde el año 2019, alcanzando tanto a agentes estatales como a organizaciones de la sociedad civil y del sector privado que lo requieren, habiéndose realizado, además – y con el apoyo de organismos internacionales y Universidades Nacionales – el primer Diplomado en Ley Micaela que incluyó no solo a representantes del estado provincial, sino también de Municipios y Comisiones Municipales de toda la Provincia.
Así también, la creación por Ley 6.185 del Comité de Actuación ante Casos de Desaparición (CINDAC) representa un avance significativo, ya que permite que, en la Provincia de Jujuy, ante la denuncia por desaparición de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas de la diversidad sexual, intervengan más de 7 (siete) organismos públicos de forma inmediata para dar con el paradero de la persona; constituyendo una institución de trabajo y articulación inexistente en otras provincias argentinas y que ha sido reconocido por organizaciones como “Missing Children” y por gobiernos de países vecinos, como la República de Chile.
La creación de la línea provincial “Podemos hablar, Jujuy te escucha” 0800 888 4363 ante casos de violencia de género, que funciona las 24 horas, representa también un avance fundamental en cuanto permitió contar con una vía de contacto gratuita y local para mujeres y personas de la diversidad sexual en toda la Provincia de Jujuy, que en articulación con equipos de profesionales permite una respuesta inmediata ante casos de urgencia, convirtiéndose en los últimos tiempos en la vía de contacto más utilizada en Jujuy ante casos de violencia de género, incluso por sobre la línea nacional de violencia de género.
Todo esto acompañado de campañas, talleres y ciclos de formación; programas y subsidios económicos para el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres; la profundización de la implementación de la Educación Sexual Integral; la creación de mesas locales para el abordaje de la violencia junto a organismos gubernamentales y no gubernamentales en localidades del interior; el trabajo intercultural e interseccional junto a comunidades originarias; la implementación de políticas públicas sobre violencia laboral; el abordaje de la recientemente sancionada violencia digital; el trabajo intergeneracional con juventudes y adolescencias a través de Foros y Congresos; entre otras iniciativas.
