En el Plan Argentina Productiva 2030, desde el Gobierno nacional opinan que el plazo de estabilidad fiscal otorgado (30 años) excede los períodos de recupero de capital y plantean coparticipar las retenciones a la exportación a las provincias mineras.
El potencial minero en Argentina se encuentra subaprovechado. Según escenarios proyectados por la Secretaría de Minería de la Nación, el sector podría llegar a aportar USD 19.174 millones anuales. Esa cifra implicaría multiplicar por cinco las exportaciones de minerales que se registraron durante 2022.
¿Qué hace falta para que eso suceda? En el marco del Plan Argentina Productiva 2030, que el Gobierno nacional presentó a fines de marzo, un grupo de investigadores del centro de estudios Fundar aborda algunas respuestas.
“Se necesita garantizar ciertas condiciones para que estas inversiones se produzcan y se sostengan”, se detalla en el documento Misión 8, que se incluye en el mencionado plan (en total se compone de once misiones o ejes) y refiere al desarrollo del potencial minero argentino con un estricto cuidado del ambiente.
“Una de ellas -continúa- es compatibilizar la necesidad de generar divisas con las dificultades y restricciones para acceder a ellas en la economía nacional”.
Por otro lado, se plantea en el informe de la administración de Alberto Fernández, como otro desafío, la necesidad de promover y diseñar un régimen tributario para el sector, que atienda a sus particularidades y que pueda a la vez mantenerse estable en el tiempo.
Se apunta a garantizar condiciones para lograr una inversión sostenible en el tiempo
En ese sentido, se recuerda en el texto que existe un régimen promocional para la minería a través de la Ley de Inversiones Mineras que, sancionada en 1993, brindaba estabilidad cambiaria y fiscal por 30 años, entre otros incentivos. No obstante, luego se asevera que “parte de los beneficios ha perdido vigencia o no logró sostenerse a través del tiempo, a la vez que otros objetivos – como el desarrollo de proveedores locales en actividades complejas – no están suficientemente contemplados en el régimen”.
Vulneración
En primer lugar, de acuerdo con lo que se plantea en el documento, la estabilidad fiscal prevista en el Artículo 8° de la mencionada ley “ha sido vulnerada en repetidas ocasiones a través de los cambios en el régimen de derechos de exportación”.
“Adicionalmente -continúa el informe-, el plazo de estabilidad otorgado (30 años) no se observa en casi ninguna otra jurisdicción en la comparativa internacional y excede largamente los períodos de recupero de capital (que van entre los 7 y 15 años en promedio)”.
En el texto, los investigadores sostienen también que “la estabilidad cambiaria ha sufrido disrupciones por plazos considerables que exceden largamente períodos fiscales y vulneran la previsibilidad de los planes de inversión”.
Por otra parte, indican que “el aporte real de incentivos, como las deducciones especiales (como el Artículo 12°), la amortización acelerada y la devolución del IVA, se ven afectados por la dinámica inflacionaria, en tanto los mecanismos de indexación han sido implementados de forma tardía o parcial”.
Esto provoca que, concluyen, estos beneficios no sean considerados como factores relevantes a la hora de tomar decisiones de inversión.
En relación con estos temas desarrollados en la Misión 8 del Plan Argentina Productiva 2030, uno de los autores, el economista Víctor Delbuono, investigador en Fundar, considera que el régimen tributario actual responde a una sucesión de instrumentos desarticulados y heredados de distintas coyunturas y no a un diseño específico. La característica transversal a todos ellos es que se basan en ingresos con alícuotas fijas.
“No son progresivos. Esa falta de flexibilidad genera varios efectos”, explicó en una red social luego de que se diera a conocer el plan desde el Gobierno nacional. “Desalienta operaciones pequeñas y medianas, acorta la vida de las operaciones, desaprovecha mineral valioso (por efecto ley de corte) y reduce la recaudación en ciclos expansivos. Además, existe un desbalance en la relación Nación-provincias, donde Nación recauda proporcionalmente hasta el 85% de los recursos originados en la actividad”, indicó el experto.
“Por último, las restricciones en el flujo de capitales generan una paradoja circular en la que las inversiones que pueden aliviar la restricción externa mediante el influjo de dólares no se realizan por la dificultad de remitir utilidades o cumplir compromisos asumidos en dólares”, agregó Delbuono en su cuenta de Twitter.
¿Qué cambiar?
Entre las recomendaciones de los especialistas que desarrollaron el plan, se apuntó a la necesidad del diseño de un marco regulatorio especial que garantice acceso a divisas, un cierto margen de remisión de utilidades y cumplir compromisos externos; la necesidad de converger a un régimen fiscal más progresivo que sustente sus tasas en los márgenes operativos (o en precios) y que aumente proporcional y marginalmente a medida que aumente la rentabilidad (o el precio), y la evaluación de un instrumento diferente a los derechos de exportación que posea un mecanismo de coparticipación a las provincias en donde se localiza la explotación minera, atendiendo a su cualidad de recurso finito y procurando un mejor impacto territorial.
La Misión 8 en el Plan Argentina Productiva 2030 plantea ir a un esquema más progresivo
De acuerdo con la información de la Secretaría de Minería de la Nación, Argentina actualmente se ubica entre los primeros 10 productores de plata del mundo y en el caso del oro, entre los 20 primeros. El mayor potencial de crecimiento relativo se presenta, sin embargo, en el litio y el cobre.
En el primer caso, la efectiva puesta en marcha de seis proyectos que a fines de 2022 ejecutan ingeniería de detalle y trabajos de construcción y otros tres en etapas avanzadas podrían posicionar a Argentina hacia 2030 como el segundo productor global, explicando al menos el 20% de la oferta total. En el caso del cobre, la puesta en marcha de 4 de los proyectos más avanzados, con una capacidad anual promedio conjunta de 693.000 toneladas métricas, ubicaría al país entre los primeros 10 productores, con cerca del 3% de la oferta global.
