La Ley de Cannabis medicinal y cáñamo industrial, promulgada crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), que funcionará dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo, y será la encargada de aprobar y administrar las licencias para la producción industrial del cultivo.
El organismo público descentralizado tendrá como función regular la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales.
El objetivo de la norma es brindar un marco legal para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico del cannabis.
La industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial tiene un crecimiento exponencial a nivel mundial, con un volumen en el mercado internacional de 42.700 millones de dólares proyectado para 2024. En ese sentido, las previsiones de la cartera de Desarrollo Productivo para el año 2025 en la Argentina son de 500 millones en ventas al mercado interno anuales y 50 millones de exportación anual, sumado a un potencial de creación de 10.000 nuevos empleos.
El proyecto se convirtió en ley tras su aprobación en la Cámara de Diputados con 155 votos a favor, 56 en contra y 19 abstenciones. La normativa cuenta con el apoyo de gobernadores, que respaldan la iniciativa para potenciar sus economías regionales. Tal es el caso de Jujuy, Corrientes y La Rioja que ya cuentan con cultivos de cannabis medicinal.
Puestos de trabajo
El ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, afirmó que la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial representa “una alternativa productiva”, con la que se podrán generar “como mínimo” 10.000 puestos de trabajo en tres años.
Además, consideró una “gran noticia” su promulgación por su aporte a la atención de “un conjunto de enfermedades muy diversas”.
Filmus señaló que el cultivo e industrialización del cannabis “demanda mucha mano de obra y abre una variedad de servicios y usos muy diversos” para desarrollar.
Rescató el impulso que la ley dará a las economías regionales y mencionó el interés al respecto de La Rioja, Catamarca, Jujuy, Mendoza y San Juan, entre otras provincias, ya que “permite que la producción pueda hacerse en pequeña escala con gran productividad y que pequeños propietarios puedan desarrollar este cultivo”.
“La pequeña escala, con el agregado de valor que le da la mano de obra especializada, permite un aumento del valor del cannabis muy importante”.
Al señalársele que el desarrollo del cultivo de cannabis podría generar unos 10.000 puestos de trabajo para el 2025, Filmus indicó que esa creación de empleo se dará “como mínimo”, sin contar la cantidad de puestos indirectos.
Por otra parte, valoró la tarea de “las madres (de pacientes que requerían cannabis medicinal), las ONG y toda la comunidad que durante muchos años estuvo peleando para que esta ley pudiera salir”.
