El presupuesto 2023 dominó la escena pública de la semana: más déficit fiscal, más impuestos y proyecciones inconsistentes.
Esta semana estuvo signada casi con exclusividad por lo ocurrido en la Cámara de Diputados de la Nación donde el oficialismo ha logrado darle media sanción al presupuesto nacional. Más déficit fiscal, más impuestos y proyecciones totalmente inconsistentes son parte del esquema presupuestario planteado por el gobierno y ya camino a su aprobación definitiva en el Senado Nacional.
La votación de la Ley de Presupuesto 2023 marca muy claramente cuál es la distancia que separa a la política de la realidad: estimaciones absolutamente apartadas de toda razón (como surge por ejemplo de la inflación esperada por el gobierno del 60%), gastos públicos absolutamente ajenos a la realidad en un país con 4 millones de personas indigentes (como los montos presupuestados para el Ministerio de las Mujeres y al INADI –que suman más de 55.000 millones de pesos cuyo monto responde a gastos políticos- y hasta cuestiones que muestran la más absoluta inequidad como el beneficio impositivo al gremio de los camioneros, no porque no corresponda un alivio a los trabajadores, sino porque ese alivio debe ser para todos por igual, sin beneficios por amiguismo o conveniencia política.
Más allá de los grandes temas que se han debatido lo interesante es detenerse en lo que parece no importarle a nadie. Las empresas públicas parecen no ser parte del debate, a pesar que el déficit que conllevan equivale a 18 millones de dólares diarios. Aerolíneas Argentinas, Trenes Argentinos, la TV Pública y decenas de empresas más, caracterizadas todas ellas por la ineficiencia, el desorden en sus cuentas y el manejo poco claro de sus fondos, no resultan de interés parlamentario.
El beneficio otorgado al gremio de los camioneros en términos de mejoras en el impuesto a las ganancias es un claro ejemplo de como la conveniencia política y la presión sindical dominan la realidad argentina. No hay diferencia entre un trabajador que se sube a un camión, un comerciante o un piloto de avión. Sin embargo, los únicos beneficiarios con los primeros cuando la ley que estipula como actualizar los mínimos no imponibles de ganancias corre tan atrás de la inflación que el propio gobierno cada cierto tiempo tiene que indefectiblemente ajustar esos importes por decreto por la gran pérdida que sufren los empleados en relación de dependencia quienes nominalmente por efectos inflacionarios ganan más pero el impuesto se encarga de quedarse con buena parte de sus ajustes paritarios.
Aunque parece que solo los camioneros sufren los embates del impuesto: la política evidentemente entiende que para el resto de los trabajadores no es necesaria ninguna mejora. Delirio total. La flamante “Tasa de seguridad aeroportuaria” aprobada con el Presupuesto Nacional muestra a las claras la voracidad fiscal: sobre un pasaje al exterior se pagan más impuestos que lo que se paga por el valor del propio pasaje. Más de nueve gravámenes recaen sobre un ticket aéreo en la Argentina, sin embargo parece que a la política no le resulta suficiente.
Los monotributistas y quienes están dentro del régimen de Autónomos son siempre los grandes olvidados a los que ahora también se suman aquellos que sufren la penosa ley de alquileres. Por supuesto que hay quienes esperan cambios urgentes desde hace años: las pymes piden a gritos reformas en las leyes laborales que permitan terminar con la industria del juicio laboral y una reforma impositiva que permita que los impuestos no sean los verdugos de su producción.
La dirigencia política piensa sobrevivir en el 2023, mientras tanto la gente común solo intenta que cada día no lo devore la propia ineptitud y negligencia de quienes los representan. Ojalá en algún momento alguien tome nota de la realidad.
