El gobernador de la Provincia y presidente de la Convención Constituyente, Gerardo Morales, informó que se resolvió hacer lugar al requerimiento de las comunidades indígenas de no modificar artículos de la Constitución Provincial que hacen al interés de los pueblos originarios.
“Hay dudas entre las comunidades, por lo tanto retomamos participativamente el tratamiento y la consulta de los temas que son de interés de los pueblos indígenas”, indicó.
En consecuencia, “volvemos al viejo texto del Artículo 50 de la Constitución de 1986, como así también avanzar en la reconsideración del Artículo 36 el cual versa sobre la propiedad”.
Además, ratificó nuevamente el Artículo 32 que lleva por título “Derecho de Reunión y Manifestación” y expresa: “Queda asegurado a todos los habitantes de la provincia y sin permiso previo el derecho de reunión y de manifestación cuando fueren pacíficas y sin armas”.
En este contexto, también ratificó el Artículo 67 “Derecho a la Paz Social y la Convivencia Democrática Pacífica”.
Así lo hizo saber durante una conferencia de prensa en la que también estuvieron presentes Alejandro Nieva, presidente de la Comisión Redactora de la Convención Constituyente; y Gabriela Burgos, vicepresidenta de la Convención; oportunidad en la cual Morales aseguró que “no queremos un artículo con el que no estén de acuerdo todas las comunidades” y aseguró que “se viene un proceso de consulta”, fuera del ámbito de la Constituyente.
“Si las comunidades tienen alguna duda, no tocamos nada y volvemos al texto anterior”, apuntó.
Para hoy se previó el tratamiento del dictamen de la Comisión Redactora de la Convención Constituyente y las mociones de reconsideración de los artículos antes citados.
Por otra parte, fue categórico al asegurar que la reforma “no tuvo un tratamiento exprés”, recordando que la ley de necesidad de reforma fue votada en septiembre de 2022 y la convocatoria fue formulada en noviembre de 2022.
“El proyecto de ley sancionado en septiembre tenía todos los artículos susceptibles de modificación”, refirió y señaló que “de allí se dio el debate”.
Además, recordó que “la campaña, camino a las elecciones provinciales del 7 de mayo, tuvo como eje la reforma” e hizo especial alusión a la “participación de más de 300 comunidades indígenas” durante todo el proceso.
En otro orden, sostuvo que “la nueva Constitución es moderna, genera derechos y por eso la sostenemos”, entendiendo que “es una gran reforma con grandes avances”.
En cuanto al conflicto suscitado por cortes de rutas, en el marco de reclamos legítimos planteados por comunidades, indicó que “sobre esta situación cabalga la política”, responsabilizando directamente al Gobierno nacional.
El kirchnerismo agita la violencia
Morales profundizó sus conceptos, señalando que “los que quieren violencia en la provincia, les mintieron a las comunidades y reiteró que “los piquetes constituyen un delito y no una modalidad de protesta”.
Lamentó que el 92% de ocupación prevista por sectores del turismo, cayó al 47%, con un amplio flujo de turistas que se fue terminó en Salta.
Del impacto económico previsto de 1.344 millones de pesos, solo se movilizó un flujo de 651 millones de pesos.
“Alguien tendrá que resarcir esta pérdida de 700 millones de pesos”, remarcó.
En esta línea argumental, puntualizó que “Milagro Sala sigue bancando esta situación con plata que le da el Gobierno nacional” y denunció que “desde hace un mes gente que no es de Jujuy está agitando el clima social, enviada por el Gobierno nacional y organizaciones”.
Precisó que “tanto el Gobierno nacional, como el kirchnerismo y La Cámpora, están metidos” en este escenario, y estimó que “son los sectores que quieren volver al Jujuy de la violencia, cuando nuestra consigna es la paz”, aclarando que de esta intencionalidad “separó a las comunidades”.
Apuntó que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, “vino a Jujuy, pero no fue a Chaco, donde hay un estado paralelo que no puede terminar sin muerte”.
De esta manera, Morales planteó de manera “taxativa y determinante la responsabilidad del Gobierno nacional en el actual clima de violencia”.
“Los cortes de rutas nacionales son un delito flagrante, pero el Gobierno nacional nada hace, porque quiere el caos en la provincia”, subrayó y agregó que los ministros Eduardo De Pedro y Aníbal Fernández “miran a un costado”, porque es decisión del Gobierno nacional “empujar al Gobierno provincial, lo que no permitiremos”.
