Tras las movilizaciones en Recoleta, la diputada de Juntos por el Cambio remarcó que “los juicios no se dirimen en las calles, sino en los Tribunales”.
La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, cuestionó las movilizaciones en apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner y reclamó saber “cuántos de todos los que están ahí son empleados públicos”.
“Los juicios no se dirimen en las calles, sino en los Tribunales. La energía de Cristina debería estar puesta en analizar las pruebas y rebatirlas, algo que no ha hecho hasta el momento”, sostuvo la dirigente opositora.
En diálogo con Todos Juntos, el programa que conduce Fernando Carnota en Radio Rivadavia, la legisladora del PRO criticó a los militantes que se apostaron a lo largo de toda la semana en la esquina de Juncal y Uruguay, frente al departamento del barrio porteño de Recoleta donde vive la titular del Senado.
“Quisiera saber cuántos de todos los que están ahí son empleados públicos en cualquier de los organismos que La Cámpora maneja”, lanzó.
Para Ocaña, la Argentina enfrenta “un momento institucional muy complejo”. Además, consideró que tanto las movilizaciones como las declaraciones públicas contra la Justicia son “un apriete y una amenaza” a los fiscales y jueces que intervienen en el juicio oral en la causa Vialidad.
Por otra parte, la diputada nacional respaldó la presentación del pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández por sus dichos comparando al fiscal Diego Luciani con el fallecido ex titular de la Unidad AMIA Alberto Nisman. “Con sus declaraciones y su velada amenaza, sus opiniones sobre el expediente judicial, ha traspasado los límites que la Constitución establece. Correspondía que hiciéramos una acción política”, concluyó.
