El bloque radical apuró al oficialismo y llevará al recinto el debate sobre presupuesto de universidades. Quiénes serán claves en la votación que requiere del voto afirmativo de los dos tercios del Cuerpo.
A última hora del viernes y con el foco puesto en el Senado por el tratamiento en plenario de comisiones de la ley Bases, el bloque radical -en su totalidad- convocó a una sesión especial para este martes 21 a las 14 con el fin de tratar el incremento del financiamiento de las universidades y la declaración de emergencia presupuestaria educativa.
El temario que acompaña el pedido formal dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, está compuesto por 9 proyectos impulsados por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, del radicalismo y uno de la jefa de bancada de Innovación Federal, Pamela Calletti.
Cabe recordar que el bloque radical apuró la cuestión a partir del comunicado del Ministerio de Capital Humano, en donde que afirmaron que “el financiamiento de las universidades públicas está garantizado, a partir de un acuerdo con el bloque de senadores de la UCR”.
En rigor, el bloque radical en la Cámara baja asume que esto no soluciona la cuestión debido a que el reciente aumento de un 270% sobre el Presupuesto 2023 otorgado a la Universidad de Buenos Aires (UBA) implica de parte del Gobierno un reconocimiento a la necesidad de una adecuación presupuestaria para poder garantizar el funcionamiento de las instituciones universitarias.
A partir de ello, la bancada presidida por el cordobés Rodrigo de Loredo exige que el mismo criterio sea utilizado para el resto de las 60 casas de altos estudios que, en todo el territorio nacional, enfrentan las mismas dificultades que la UBA para poder garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas.
Dicho esto, se da por concebido que esta vez la sesión no se caería como ocurrió el pasado 24 de abril y el quórum estaría garantizado. Es muy probable que también acompañen la Coalición Cívica, parte de Hacemos Coalición Federal (Margarita Stolbizer, Natalia de la Sota y los socialistas de Santa Fe), los dos santacruceños y el neuquino Osvaldo Llancafilo.
Un día después de la multitudinaria marcha de la comunidad universitaria, UP fue al recinto con estos mismos proyectos, pero no logró el quórum requerido. En esa ocasión, solo una decena de radicales bajaron al recinto, mientras que la gran parte del bloque optó por seguir el camino en comisiones.
Ahora bien, las nueve iniciativas llegarán al recinto sin los respectivos dictámenes de la Comisión de Educación, los cuales fueron debatidos en cuatro reuniones. Desde la oposición más dura comentaron a parlamentario.com que “están retrasando el dictamen porque no tiene el aval del Gobierno”.
Según indica el artículo 113 del inciso 2 del reglamento de la Cámara baja, para que sean aprobados los proyectos que arriban al recinto sin despacho de comisión requieren del voto afirmativo de dos tercios de los presentes en la sesión. En otras palabras, si asistieran este martes los 257 legisladores, se necesitarán 170 voluntades a favor.
Tomando como referencia el temario, podrían estar presentes los 99 de UP, los 34 radicales, los 8 de Innovación Federal y los 5 del FIT. Esto resulta en 146 diputados. Un holgado quórum, pero muy lejos de la mayoría calificada requerida para lograr las medias sanciones.
Así las cosas, para que estas iniciativas avancen también serán necesarios los votos del resto de los bloques dialoguistas. Si contamos a los 16 de HCF, a los 6 “lilitos”, los dos santacruceños y el monobloque de Neuquén la suma da 25, y es justamente el número que necesitan las bancadas que impulsan esta sesión para concretar los dos tercios requeridos en la votación.
Si contamos a La Libertad Avanza, al Pro, al MID, a Buenos Aires Libre y a los 4 tucumanos (3 de Independencia y a la monobloquista Paula Omodeo) la cuenta da 86 diputados. En el caso de que la totalidad de estos bloques optara por bajar a sesionar, la oposición más dura y los dialoguistas requerirán del voto afirmativo del 99% de sus integrantes para lograr el objetivo de avanzar con la actualización presupuestaria de las universidades nacionales.
