¿Cómo podemos garantizar justicia a esas familias -y a las de las familias de todas las víctimas- si tenemos un sistema judicial que no está funcionando a pleno?, planteó la autora.
Al 31 de octubre de este año en la provincia de Santa Fe se produjeron 291 asesinatos: 291 personas perdieron la vida, 291 familias que reclaman -solo en 2021- justicia por sus muertos.
Pero ¿cómo podemos garantizar justicia a esas familias -y a las de las familias de todas las víctimas- si tenemos un sistema judicial que no está funcionando a pleno?
El 25 de octubre el Colegio de Abogados de Rosario le envió una carta al Poder Ejecutivo nacional en la que detalla que “en la actualidad, sobre 28 cargos de jueces federales de primera y segunda instancia de la jurisdicción (incluye a Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto y San Nicolás) hay 10 vacantes, es decir más de un tercio de la totalidad de esos cargos”.
La situación se agrava, de acuerdo con la carta enviada, porque no existe una lista de conjueces que puedan intervenir en los procesos cubriendo temporalmente las vacantes, mientras que “algunos de esos cargos llevan cinco años sin cubrirse, como el del Juzgado Federal N° 1 de Rosario”.
Un sistema de justicia fuerte, eficaz y ágil es una herramienta fundamental en el combate contra el narcotráfico. En el contexto que vive la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe es inadmisible que se demore la cobertura de vacantes en la Justicia Federal de la provincia, dejando al sistema judicial sin los recursos necesarios.
Es por esa razón que el jueves pasado presenté un pedido de informe para que -dado el importante número de vacancias que deben ser cubiertas- los ciudadanos santafecinos puedan conocer cuáles son los motivos por los que el Ejecutivo demora el envío de los pliegos de los magistrados correspondientes a la Justicia Federal de Santa Fe al Senado de la Nación.
Estamos frente a una clara situación institucional que atenta contra la eficaz prestación del servicio de Justicia en una jurisdicción con una alta tasa de criminalidad, de pública y notoria relevancia, principalmente en temas de suma gravedad para la población como lo es el crimen organizado.
Sumado al alto volumen de causas de narcotráfico, hay que recordar que los juzgados no pueden dejar de atender otras cuestiones como lo son la materia previsional, amparos de salud, demandas contra el Estado Nacional, sus entes descentralizados y entidades autárquicas.
La Justicia Federal de Santa Fe se encuentra en una infausta situación. Los motivos son varios, entre los que se puede mencionar una estructura obsoleta para el caudal de causas actuales, pero particularmente debemos destacar la inobservancia de la atribución del titular del Poder Ejecutivo Nacional, que hace caso omiso a la obligación constitucional de enviar los pliegos.
Lo mínimo que debemos ofrecerles a las familias que fueron víctimas de estos delitos es una Justicia rápida y ejemplar. Es por eso que nos preguntamos: ¿qué espera el presidente de la Nación para enviar al Senado los pliegos demorados?
¿Cuántas víctimas más necesita el presidente para entender la urgencia en la que se encuentra el sistema de Justicia Federal en mi provincia? Señor presidente, la Justicia de Santa Fe está en sus manos. (Alejandra Vucasovich es senadora nacional por Santa Fe de Juntos por el Cambio).
